Por partes.
Aquí hay no dos, sino tres posiciones definitorias de la sensibilidad del asunto, y la seriedad de las reflexiones a tomar, a pesar de lo que pueda parecer, no lo deciden ni la primera ni la segunda, sino la tercera:
- - Por parte del Estado: ¿Hay alternativas reales y viables al emplazamiento planeado?
- - Por parte de los vecinos: ¿Hay motivos reales para plantear una alarma social movilizada?
- - Por parte del tiempo: ¿Se trata de un emplazamiento irreversible cuyo impacto social a años vista sobre la zona ha sido evaluado acertadamente?
Bueno, antes de proseguir, toca hacer algunas clarificaciones sobre la orientación de este blog, aunque también es posible saltárselas si se hace una lectura equidistante. No se trata de un blog político, y aquí el único partido final que se toma es por la pluralidad democrática al lado del interés social. La neutralidad política se enfoca precisamente a través de servir de espacio para la pluralidad, supeditada obviamente a un rigor constitucional. Las observaciones objetivas lo son por su propia definición, y todas las opiniones, sin excepción, revelan la objetividad o subjetividad de sus proponentes a través de su fidelidad a observaciones realistas, y en todo caso, las posiciones manifestadas deben considerarse independientes del estatus del blog, cuyo desempeño final, sea mayor o pequeño, actúa más como foro y cronista urbano que como instagador de partidismos. Dicho esto, ahora vienen algunas reflexiones sobre el propio asunto a observación.
Sería éticamente invalidable que se elevara la alarma social asumiendo implícitamente que los beneficiarios finales de la macrocárcel, que por extraño que parezca serán los que tengan su residencia en ella durante el cumplimiento de sus penas legales privativas de libertad, van a ser una especie de desechos humanos absolutamente rechazables. Por la misma lógica, también sería muy cuestionable que se elevara una alarma social equiparando la macrocárcel con un vertedero de residuos radiactivos que dará cobijo a desechos sociales. Toca recordar que los residentes potenciales de un centro penitenciario siguen siendo ciudadanos de la sociedad civil que mantienen intactos como personas el resto de sus derechos civiles, además de su dignidad humana, y que su reclusión es temporal, porque una vez cumplidas sus condenas siguen teniendo un sitio en la sociedad civil, con sus familias, y con sus derechos para rehacer su vida y envejecer naturalmente como cualquier vecino. No se trata, de ninguna manera, de desechos humanos, ni de elementos radiactivos.
Tampoco se trata de ser ilusos. Obviamente, la mayor o menor peligrosidad social de los reclusos se puede considerar anticipada hasta cierto grado por el propio hecho de que tengan deudas penitenciarias. También es sabido que, si no todos, algunos reclusos sí que mantienen ocasionalmente conductas delictivas, y es enteramente legítima la preocupación de los vecinos por la seguridad de que no verán degradadas sus condiciones de vida por verse obligados a caer bajo la zona de influencia de una macrocárcel si eso va a traer como consecuencia un aumento de la criminalidad en el perímetro zonal que la rodea.
En un mundo ideal, no harían falta cárceles. En un mundo ideal, si hicieran falta cárceles se podría relativizar su impacto sobre la seguridad de su perímetro de influencia con una adecuación de recursos sociales, como una dotación perimetral de policias adicional, y con profesionales dedicados a proporcionar actividades ocupacionales a los reclusos durante sus permisos. La realidad es otra. Esos recursos perimetrales se puede sospechar que serán mínimos e insuficientes de entrada, si es que alguna vez se tienen en cuenta, porque no es lo común entre la falta de presupuestos y la mediocridad general de muchos políticos para hacer su trabajo público bien hecho. Conclusión: sí será previsible un impacto social sobre la seguridad de la zona perimetral de la macrocárcel con un posible aumento de la criminalidad en términos estadísticos.
Para tratar de entrever si el impacto será mayor o menor, o tanto como para provocar una elevada alarma social, sería cuestión de recoger estudios sociológicos sobre el impacto que otras cárceles por la geografía española puedan tener sobre los perimetros zonales donde se hallan. Y quizá aquí no se está prestando toda la atención que se debiera, porque los vecinos serían los primeros interesados en recibir esa información, una información que de entrar en colisión con esos supuestos podría de hecho aminorar la preocupación de los vecinos. Sea como sea, falta diálogo social con los vecinos para recoger sus preocupaciones y tratar de ofertarles medidas tranquilizadoras, y parece olvidarse que si las cosas se hacen por las bravas y salen mal, a la vuelta de los años habrá que asumir costes políticos. Un problema añadido, sin embargo, es que no es lo mismo comparar una cárcel con una macrocárcel, porque a mayor número de reclusos, las proporciones no son las mismas.
También se ha escuchado que el perímetro de influencia de la macrocárcel podría alcanzar nada menos que hasta las zonas turísticas que están a pocos kilómetros. De nuevo, no resulta nada fácil evaluar hasta dónde puede ser válida esa preocupación como un motivo de alarma social. Lo único cierto es que, si el tiempo le da la razón a los más alarmistas, el daño sería irreparable para la imagen del turismo. De demostrarse ese impacto a la vuelta de los años, obligaría de hecho a cerrar la macrocárcel. Y existe todavía un riesgo psicológico, porque aunque se pudiera probar que no hay motivos para tanta alarma social a la luz de datos objetivos, los efectos psicológicos sobre las preferencias de los turistas podrían dejar a muchos canarios en el paro. Aquí hay que pedir la responsabilidad de todos para evitar hacer partícipes de esa alarma social a los propios turistas, porque si no hay motivos reales para tanta alarma pero se les traslada ese miedo psicológico, lo más probable es que cambien sus preferencias al organizar sus vacaciones. Sería completamente irresponsable hacer un uso arrojadizo de esa alarma subjetiva contra los propios turistas. Socialmente irresponsable.
También se puede hacer una reflexión calmada sobre la alarma social como un hecho en sí. Las preocupaciones de cada cual son muy legítimas, pero el abuso del miedo como arma arrojadiza, la propiciación manipulativa de una psicosis colectiva por el sólo hecho de estar en contra de algo, también es un acto irresponsable. Ya hemos visto todos las consecuencias sobre la opinión pública de manipulaciones psicológicas como la que llevó a la invasión de Iraq, faltando a la verdad y sin medir las consecuencias. Cuanto más delicado sea el asunto, más obligación hay por todas las partes de hacer un esfuerzo añadido por aportar informaciones objetivas. Si la alarma social que se pueda generar con temas sociales no responde a razones objetivas acaberemos ante una manipulación demagógica de la opinión pública, por ignorancia o no, que de hecho estaría creando una alarma social injustificada, en cuyo caso, será necesario recordar que la
demagogia "es una estrategia
política que consiste en apelar a emociones (sentimientos, amores, odios, miedos, deseos) para ganar el apoyo popular, frecuentemente mediante el uso de la
retórica y la
propaganda."
Ejemplos de manipulación de la opinión pública a base de difundir un miedo psicológico y confusión no faltan.
Seamos todo lo razonablemente dialogantes y objetivos que sea posible, y todos saldremos ganando. Los asuntos de interés público deben tratarse con más objetividad que con soflamas. Si pueden apreciarse razones objetivas, y sólo a la luz de dichas razones objetivas traidas a una reflexión responsable, para cambiar el emplazamiento de la cárcel antes de que sea demasiado tarde, rectificar sería de sabios. Por contra, si no se pueden presentar razones objetivas para una reflexión responsable, tampoco hay motivo para elevar la alarma social. Aquí el verdadero protagonismo debería tomarlo la objetividad como un valor responsable, y las posibles vendetas personales o cuotas de publicidad hay que dejarlas al margen cuando se trata de mirar por el bien social del público.
Aclaración final. Este blog hace un seguimiento diario de las visitas que recibe, y las estadísticas dicen que es visitado por una media de 40 personas, así que es fácil deducir que no se trata de un medio de masas, lo que no impide que los que lo hacemos le dediquemos parte de nuestro tiempo con un cierto afecto por Mogán, y Gran Canaria, y por Canarias.
¿Por dónde seguirá la evolución del asunto? Parece que el
Consejo de Vecinos de El Castillo ha sido invitado
por primera vez a reunirse con representantes institucionales, y el Consejo ha exigido la presencia de "luz y taquigrafos". Lo dicho, si se va a seguir adelante con el proyecto porque no queda más remedio, más vale hacer las cosas desde el diálogo que no a lo bruto, y lo más positivo sería ofrecerles a los vecinos contrapartidas satisfactorias, en información, en seguridad, en compensaciones, o en una buena combinación.
