Sentencia favorable

Comunicado de Prensa

Nos complace informarles de que, tras 10 años de lucha y espera, hemos ganado el contencioso administrativo que habíamos interpuesto contra el Ayuntamiento de Mogán en 1996, para conseguir para los ciudadanos de nuestro municipio, los derechos que les son garantizados por la Ley de Bases de Régimen Local 7/85, recogidos en sus artículos 25 y 26.

Esta sentencia del Tribunal Supremo (ejemplar adjunto), pone fin a una reclamación histórica que los vecinos de Mogán han estado realizando desde hace décadas y que ningún grupo de Gobierno ha tenido a bien asumir, que es, simplemente cumplir con lo que estipula la Ley y habilitar los servicios que cada ciudadano debe percibir a cambio de sus impuestos.

Hasta la fecha, los propietarios de inmuebles en Mogán debían abonar cada año su contribución o IBI religiosamente y los que tenían sus propiedades en las mal llamadas “urbanizaciones privadas”, no obtenían a cambio los servicios básicos que cada municipio debe ofrecer a sus ciudadanos, como son el alumbrado público, abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, recogida de residuos sólidos, pavimentación y mantenimiento de vías y accesos a núcleos de población, entre otros, que nuestro Consistorio nos negaba, permitiendo que empresas promotoras privadas continuasen facturándonos por esos conceptos sin contar con las preceptivas concesiones administrativas y sin control. Además, los valores catastrales en las supuestas “zonas turísticas” son hasta un 300% más altos que en las zonas que atiende el Ayuntamiento, lo que aumenta aún más el agravio comparativo, convirtiéndonos en ciudadanos de tercera categoría, condenados a pagar a cambio de nada, desde hace más de 30 años.

Estamos muy satisfechos y confiamos en que no será necesario solicitar la ejecución de esta sentencia, sino que nuestro Ayuntamiento cumplirá voluntariamente con lo ordenado y dentro de poco tiempo nos veamos disfrutando de lo que en otros municipios de Canarias es lo habitual y común. Lástima que haya hecho falta plantear estas carencias en los tribunales y que en los años que llevamos luchando no hayamos podido disfrutar de estos derechos. Ahora se verá obligado nuestro Ayuntamiento a cumplir con la Ley con todas sus consecuencias.

Mogán, a 6 de diciembre de 2006.