Esta semana es noticia en la prensa canaria que el Diputado del Común ha destapado un secreto a voces: la justicia es excesivamente lenta y esa situación ocasiona graves trastornos a la sociedad. No es de recibo que ciertos asuntos tarden años en salir a juicio: hay cuestiones que afectan directamente a miles de personas y por tardar tanto en ser llevados ante el tribunal, a menudo por falta de personal que los trabajen, resultan en perjuicios para los ciudadanos – el mejor ejemplo es con los casos de corrupción.
En el año 1999 cuatro partidos denunciaron irregularidades electorales en el municipio de Mogán. Para cuando por fin el juzgado llegó a tramitar el asunto, en el año 2004, casi cinco años más tarde, hasta los denunciantes se habían "olvidado" de ello (habían pactado con el denunciado y entrado a formar parte de su grupo de gobierno y ya no les interesaba a ellos). Nadie se presentó al juicio y el resultado fue que se sobreseyó el caso y nunca sabremos si aquellos 600 votos por correo eran o no ilegales, y por ende, si ese grupo de gobierno era legítimo o no.
En enero de 2007, varios miembros del Ayuntamiento de Mogán fueron detenidos e imputados por varias causas. Desde entonces, otras acusaciones han asomado al conectar unas investigaciones con otras. Pero, desgraciadamente, antes de haberse resuelto nada, se celebraron unas elecciones y dado que aún la justicia ni ha hablado ni seguido con su labor a la luz pública (existe el secreto de sumario) , un candidato se ha beneficiado de esa lentitud, afirmando en mítines y entrevistas que había salido absuelto y como nada más se ha escuchado por parte de los representantes judiciales (cuyo calendario de trabajo no se inmuta por sufragios) dicho candidato ha logrado convencer una tercera parte del pueblo de este municipio de que es víctima de una conspiración, aún sin haberse producido sentencia alguna exculpatoria. La presunción de la inocencia está muy bien y es un derecho de todo ciudadano, pero la falta de celeridad ha afectado a todo un municipio, que sufrirá la inseguridad de no saber cuando serán celebrados los juicios correspondientes a las imputaciones y cuanto tardarán las apelaciones y si los políticos imputados terminarán la legislatura en la poltrona, en sus casas o en la cárcel.
En otros países con una democracia más madura de la nuestra, un político imputado debe retirarse, dimitir de sus cargos y esperar a los resultados judiciales, quedando libre de cargos o absuelto antes de poder volver a presentarse. Los ciudadanos de este país comprenden, no sin razón, que si un cargo político no solo no se ve obligado a dimitir sino que además se puede volver a presentar acto seguido, es que no pesa sobre él nada importante. En Lanzarote tenemos el ejemplo de Don Dimas Martín, ya cliente fijo de la cárcel de esa isla, cuyos seguidores hasta han osado llamarlo “preso político”, como si hubiese sido encarcelado por enfrentarse a una dictadura. Sus seguidores continúan votándole, y él proclamando su inocencia, sentencias al margen.
Volviendo al municipio de Mogán, debemos contarles que durante una década los ciudadanos, miles de contribuyentes y vecinos, esperamos sentencia contra nuestro ayuntamiento, siendo perjudicados terriblemente por la tardanza del procedimiento contencioso administrativo, dado que no solo hemos tenido que abonar religiosamente todos los impuestos a pesar de no recibir ningún servicio a cambio, sino que además, legislatura tras legislatura nos ha estado tomando el pelo al respecto, con excusas, firmas de documentos que amarran a los ciudadanos favoreciendo a los promotores irresponsables y empresas suministradoras que estafan a sus abonados, y el Ayuntamiento ha pasado dicha sentencia del Tribunal Supremo por el arco de triunfo a sabiendas que tardarán largos meses en ejercer la ejecución de la sentencia.
La pregunta del millón es ¿qué harán al respecto el Diputado del Común, el Defensor del Pueblo y los políticos que redactan y aprueban nuestras leyes? ¿Intentarán controlar a los políticos presuntamente corruptos para que no puedan aprovecharse de la lentitud del sistema judicial? ¿Cambiarán las leyes para impedir que personas de dudosa honestidad puedan ocupar cargo público? ¿Habilitarán los medios necesarios para que los tribunales puedan llevar a cabo con mayor rapidez y dignidad su labor de investigación y enjuiciamiento? ¿O se quedarán de brazos cruzados quejándose a boca llena y planificando su propio beneficio?
La sociedad está pidiendo a gritos un cambio pero se siente impotente ante tanto interés creado y tanta tomadura de pelo. La creciente concienciación de la existencia de corrupción y comportamientos antidemocráticos por parte de figuras electas y el consiguiente rechazo social requiere de una legislación acorde. Solamente de esa manera evitaremos que los listillos se aprovechen de lagunas legales para beneficiarse ellos y perjudicar al pueblo.
En el año 1999 cuatro partidos denunciaron irregularidades electorales en el municipio de Mogán. Para cuando por fin el juzgado llegó a tramitar el asunto, en el año 2004, casi cinco años más tarde, hasta los denunciantes se habían "olvidado" de ello (habían pactado con el denunciado y entrado a formar parte de su grupo de gobierno y ya no les interesaba a ellos). Nadie se presentó al juicio y el resultado fue que se sobreseyó el caso y nunca sabremos si aquellos 600 votos por correo eran o no ilegales, y por ende, si ese grupo de gobierno era legítimo o no.
En enero de 2007, varios miembros del Ayuntamiento de Mogán fueron detenidos e imputados por varias causas. Desde entonces, otras acusaciones han asomado al conectar unas investigaciones con otras. Pero, desgraciadamente, antes de haberse resuelto nada, se celebraron unas elecciones y dado que aún la justicia ni ha hablado ni seguido con su labor a la luz pública (existe el secreto de sumario) , un candidato se ha beneficiado de esa lentitud, afirmando en mítines y entrevistas que había salido absuelto y como nada más se ha escuchado por parte de los representantes judiciales (cuyo calendario de trabajo no se inmuta por sufragios) dicho candidato ha logrado convencer una tercera parte del pueblo de este municipio de que es víctima de una conspiración, aún sin haberse producido sentencia alguna exculpatoria. La presunción de la inocencia está muy bien y es un derecho de todo ciudadano, pero la falta de celeridad ha afectado a todo un municipio, que sufrirá la inseguridad de no saber cuando serán celebrados los juicios correspondientes a las imputaciones y cuanto tardarán las apelaciones y si los políticos imputados terminarán la legislatura en la poltrona, en sus casas o en la cárcel.
En otros países con una democracia más madura de la nuestra, un político imputado debe retirarse, dimitir de sus cargos y esperar a los resultados judiciales, quedando libre de cargos o absuelto antes de poder volver a presentarse. Los ciudadanos de este país comprenden, no sin razón, que si un cargo político no solo no se ve obligado a dimitir sino que además se puede volver a presentar acto seguido, es que no pesa sobre él nada importante. En Lanzarote tenemos el ejemplo de Don Dimas Martín, ya cliente fijo de la cárcel de esa isla, cuyos seguidores hasta han osado llamarlo “preso político”, como si hubiese sido encarcelado por enfrentarse a una dictadura. Sus seguidores continúan votándole, y él proclamando su inocencia, sentencias al margen.
Volviendo al municipio de Mogán, debemos contarles que durante una década los ciudadanos, miles de contribuyentes y vecinos, esperamos sentencia contra nuestro ayuntamiento, siendo perjudicados terriblemente por la tardanza del procedimiento contencioso administrativo, dado que no solo hemos tenido que abonar religiosamente todos los impuestos a pesar de no recibir ningún servicio a cambio, sino que además, legislatura tras legislatura nos ha estado tomando el pelo al respecto, con excusas, firmas de documentos que amarran a los ciudadanos favoreciendo a los promotores irresponsables y empresas suministradoras que estafan a sus abonados, y el Ayuntamiento ha pasado dicha sentencia del Tribunal Supremo por el arco de triunfo a sabiendas que tardarán largos meses en ejercer la ejecución de la sentencia.
La pregunta del millón es ¿qué harán al respecto el Diputado del Común, el Defensor del Pueblo y los políticos que redactan y aprueban nuestras leyes? ¿Intentarán controlar a los políticos presuntamente corruptos para que no puedan aprovecharse de la lentitud del sistema judicial? ¿Cambiarán las leyes para impedir que personas de dudosa honestidad puedan ocupar cargo público? ¿Habilitarán los medios necesarios para que los tribunales puedan llevar a cabo con mayor rapidez y dignidad su labor de investigación y enjuiciamiento? ¿O se quedarán de brazos cruzados quejándose a boca llena y planificando su propio beneficio?
La sociedad está pidiendo a gritos un cambio pero se siente impotente ante tanto interés creado y tanta tomadura de pelo. La creciente concienciación de la existencia de corrupción y comportamientos antidemocráticos por parte de figuras electas y el consiguiente rechazo social requiere de una legislación acorde. Solamente de esa manera evitaremos que los listillos se aprovechen de lagunas legales para beneficiarse ellos y perjudicar al pueblo.
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